Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
Los pueblos de la campaña "Paren de fumigarnos" entregaron esta semana al Senado el segundo petitorio para que trate un proyecto de ley que prohíbe las fumigaciones aéreas y limita las terrestres a 800 metros de las áreas urbanas, que duerme en algún cajón de la Cámara desde hace un año y medio. El 30 de agosto, el primer pedido se acompañó con 25 mil firmas de santafesinos preocupados por el impacto de los agrotóxicos en la salud y el ambiente y, el jueves, se agregaron otras 5 mil. Más de 30 mil voluntades. "Es un llamado a los senadores, un clamor del interior para traten la ley", lo definió Carlos Manessi, presidente del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), que integra el colectivo de organizaciones ambientalistas y vecinos de 70 pueblos fumigados. Y les advirtió que la peor decisión sería no hacer nada. "En Santa Fe se vuelcan 50 millones de litros de veneno por campaña. Lo que sucede es increíble. Hay una cultura de la utilización del veneno en la Argentina y si no se le pone un límite a las fumigaciones, así no vamos a ir muy lejos".
El proyecto ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, pero caducó en el Senado, en junio de 2011. En octubre, el ex senador socialista y ahora diputado nacional Juan Carlos Zabalza lo volvió a presentar, pero perderá estado parlamentario a fin de mes si la Cámara alta no lo considera. "Estamos preocupados porque faltan pocas sesiones para que termine el período ordinario de la Legislatura y los senadores siguen sin tratar la ley", dijo Manessi.
-¿Por qué? ¿Tiene alguna hipótesis? --preguntó Rosario/12.
-(Piensa) Y porque evidentemente prima el interés económico sobre el problema de la salud y el interés de los vecinos del interior. No hay muchas explicaciones. A nosotros, un par de veces nos dijeron iban a tratar la ley en una o dos sesiones, pero han pasado meses y no lo hicieron. El proyecto sigue en stand by, sin que nadie le quiera poner el cascabel al gato. Entendemos que el problema es importante, hay mucha discusión y muchos intereses económicos en juego. De todas maneras, les digo que (si se limita las fumigaciones a) 800 metros alrededor de los pueblos, no van a dejar de ganar plata con la soja --contestó Manessi.
"El proyecto propone prohibir la fumigación aérea, que es la más incontrolable de todas. Un avión que vuela a ocho o diez metros de altura y desparrama veneno, tiene una deriva que uno nunca sabe a dónde va a parar. Esa es la verdad. Hay estudios del Conicet de Córdoba que monitorearon el aire durante un año en la Antártida Argentina y encontraron restos de endosulfán. Que no digan después los pilotos y los aviadores que no hay deriva. Eso es mentira, es confundir a la gente. Hay deriva, hay mucha deriva. Además, está comprobado que del 100 por ciento del veneno que tiran, el 40 por ciento cumple el objetivo y un 60 por ciento vuela", explicó.
"La ley 11.273 que regula el uso de los agroquímicos en la provincia es de 1995, por eso queremos que se modifique y se la modernice. Es una ley para otra agricultura, porque en ese momento no existía la soja. Es una ley que está hecha para una agricultura sin soja. Y hoy, hablar de una agricultura sin soja es una cosa increíble. En el país, se siembran 20 millones de hectáreas de soja y en la provincia, cinco o seis millones y esa cuestión no está contemplada en la ley".
-¿Qué cantidad de agrotóxicos se vuelcan en esas cinco o seis millones de hectáreas de soja sembradas en Santa Fe?
-Actualmente, se utiliza entre diez y quince litros de veneno por hectárea. Así que en la provincia debemos andar arriba de los 50 millones de litros de veneno por campaña. Es mucho. Si hacemos un cálculo para atrás, son muchos litros de veneno por año. Es una cosa increíble lo que sucede. Hay una cultura de la utilización del veneno en la Argentina y ha llegado el momento de pensar que así no vamos a ir muy lejos. Ya hay un impacto en la salud. El doctor Damián Verzeñassi (investigador y catedrático de la Universidad Nacional de Rosario) ha demostrado que en los pueblos fumigados del sur de la provincia los índices de muertos por cáncer duplican el índice nacional y las enfermedades ligadas a las vías respiratorias prácticamente se multiplican por cuatro. Esa es la realidad. En San Jorge, cuando la justicia prohibió las fumigaciones a menos de 800 metros las consultas médicas por enfermedades relacionadas a factores externos y ambientales cayeron casi el cien por ciento. Se está demostrando fehacientemente que hay un fuerte impacto de los agrotóxicos en la salud de los vecinos. Lo que pedimos (al Senado) es que la línea de fumigación se aleje lo máximo que se pueda de donde vive la gente. Nadie dice que dejen de fumigar o que dejen de producir soja, eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es el impacto que tiene en la salud de las personas y es ahí donde el Estado debería actuar -remarcó Manessi.
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