En otro escollo a la aprobación de la ley que regularía al sector de la medicina prepaga, se suspendió ayer una reunión de la Comisión de Salud de Diputados donde se planeaba darle dictamen al proyecto que llegó en noviembre del año pasado desde el Senado.
La Comisión, que es presidida originalmente por el oficialista Antonio Morante, quedó ayer a cargo del radical Agustín Portela, vicepresidente del cuerpo, quien desde su lugar al frente del cuerpo, apareció como el responsable de clausurar el encuentro.
“La verdad, no sé por qué me apuntan a mí, yo no tomé la decisión. Además, no es que la reunión se suspendió, sino que no se convocó, lo que es muy diferente”, dijo el diputado radical por Corrientes a Tiempo Argentino.
Sin embargo, la información real señala que sí hubo una suspensión: “Nos llegó una nota a los despachos a última hora del lunes, diciendo que la reunión, pautada para ayer a las 13:30 horas, se suspendió, y no explicaron por qué ni quién lo había decidido”, dijo Eduardo Macaluse, legislador de Solidaridad e Igualdad. Esta negativa al encuentro no es menor: sin la reunión, se cayó la moción de preferencia para el tratamiento de la ley que había pedido Macaluse, quien ayer volvió a requerirla, o bien que se trate sobre tablas, cuestión que se definirá hoy en la reunión plenaria de la tarde.
Según distintas fuentes consultadas, Portela tiene un doble discurso, ya que en la reunión que se desarrolló la semana pasada, dijo ante los demás legisladores que “hay que tener cuidado con la ley de prepagas, porque puede desfinanciar a las empresas”.
Paradójicamente, ese es el discurso corporativo que los radicales tomaron para sí en las arduas sesiones de 2010 en el Senado. Sin embargo, para Portela la reunión de ayer no se llevó a cabo por cuestiones operativas.
“Nos estábamos acomodando, porque nos llegaron muchas leyes, como la de enfermería, y hay que respetar el orden”, señaló el legislador alfonsinista, y agregó que “hubo retrasos en el funcionamiento de la Comisión, ya que los asesores aún no definieron el tema prepagas”.
Además, y en una declaración que ya genera una fuerte polémica, Portela afirmó que “nosotros no tenemos los mismos tiempos que la prensa, trabajamos a nuestro ritmo y no entiendo el apresuramiento de algunos medios para que se aborde el tema”.
La sanción urgente sí tiene una razón de ser: hay en todo el país más de 4 millones de argentinos que se atienden en el sistema de salud privado y resisten continuas subas tarifarias y abusos en los planes. Además, de acuerdo a un informe de Claves Información Competitiva, en 2009 cinco empresas (Galeno, Swiss Medical, Medicus, Omint y OSDE) controlaban el 75% de la facturación total del sector. El aumento del 15% en las tarifas que el sector aplicó entre diciembre de 2010 y enero de 2011 fue la cuarta suba en los planes en menos de un año: en diciembre de 2009, las tarifas se incrementaron un 12%; en abril de 2010, subieron un 8%; y luego, un 15% en agosto. La ley de prepagas obtuvo una media sanción en forma unánime y tiempo récord en Diputados en el año 2008, luego estuvo dos años congelada en los cajones del Senado por el fuerte lobby de las empresas, y recién en noviembre de 2010 la Cámara Alta le dio la otra media sanción.
Sin embargo, como el Senado introdujo cambios al proyecto original, la norma volvió a la Cámara Baja para la sanción definitiva. Curiosamente, para el vicepresidente de la Comisión de Salud, todo ese tiempo transcurrido no fue suficiente: “Los asesores de la comisión no llegaron a concluir el análisis del proyecto para recomendar aceptar o rechazar las modificaciones que le hizo al proyecto el Senado”, apuntó Portela.
La presidencia quedó a cargo de Portela porque Morante se ausentó excusado en la gira de campaña que hace en el Chaco, su provincia natal, donde se candidatea a intendente de Roque Sáenz Peña, el segundo distrito más poblado de la provincia.
En este contexto, y a pesar de que el viaje había sido anunciado con una semana de antelación, un grupo de asociaciones de consumidores dejaron en claro ayer que Morante también es responsable directo de la demora en la reunión, para lo cual elaboran una nota que enviarán a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, para que ayude a que la ley salga rápido. “Confiamos en que Cristina va a entender nuestro pedido, y va a ser un respaldo importante, porque los diputados parece que estuvieran, más que pensando en la gente, atendiendo los requerimientos de las empresas”, dijo a Tiempo Pedro Busetti, titular de Deuco.
Mañana se armará el texto de la carta, y el viernes estará llegando al despacho de la presidenta.
En este contexto, Adela Segarra, diputada del Frente para la Victoria y miembro de la Comisión de Salud, explicó a este diario que “nuestra idea fue votarla tal como está para no perder más tiempo”, por lo cual “queremos que la ley salga cuanto antes”. De todas maneras, no es la primera vez que legisladores vinculados al radicalismo generan trabas para aprobar la ley. El año pasado, el titular de la Comisión de Salud del Senado, José Cano, de la UCR Tucumán, saltó a la fama cuando les pidió a sus asesores que modifiquen dos artículos de fondo en la ley, permitiendo que las empresas de medicina privada discriminen a pacientes con enfermedades preexistentes y aumenten libremente la tarifa a jubilados.
Tiempo Argentino
La Comisión, que es presidida originalmente por el oficialista Antonio Morante, quedó ayer a cargo del radical Agustín Portela, vicepresidente del cuerpo, quien desde su lugar al frente del cuerpo, apareció como el responsable de clausurar el encuentro.
“La verdad, no sé por qué me apuntan a mí, yo no tomé la decisión. Además, no es que la reunión se suspendió, sino que no se convocó, lo que es muy diferente”, dijo el diputado radical por Corrientes a Tiempo Argentino.
Sin embargo, la información real señala que sí hubo una suspensión: “Nos llegó una nota a los despachos a última hora del lunes, diciendo que la reunión, pautada para ayer a las 13:30 horas, se suspendió, y no explicaron por qué ni quién lo había decidido”, dijo Eduardo Macaluse, legislador de Solidaridad e Igualdad. Esta negativa al encuentro no es menor: sin la reunión, se cayó la moción de preferencia para el tratamiento de la ley que había pedido Macaluse, quien ayer volvió a requerirla, o bien que se trate sobre tablas, cuestión que se definirá hoy en la reunión plenaria de la tarde.
Según distintas fuentes consultadas, Portela tiene un doble discurso, ya que en la reunión que se desarrolló la semana pasada, dijo ante los demás legisladores que “hay que tener cuidado con la ley de prepagas, porque puede desfinanciar a las empresas”.
Paradójicamente, ese es el discurso corporativo que los radicales tomaron para sí en las arduas sesiones de 2010 en el Senado. Sin embargo, para Portela la reunión de ayer no se llevó a cabo por cuestiones operativas.
“Nos estábamos acomodando, porque nos llegaron muchas leyes, como la de enfermería, y hay que respetar el orden”, señaló el legislador alfonsinista, y agregó que “hubo retrasos en el funcionamiento de la Comisión, ya que los asesores aún no definieron el tema prepagas”.
Además, y en una declaración que ya genera una fuerte polémica, Portela afirmó que “nosotros no tenemos los mismos tiempos que la prensa, trabajamos a nuestro ritmo y no entiendo el apresuramiento de algunos medios para que se aborde el tema”.
La sanción urgente sí tiene una razón de ser: hay en todo el país más de 4 millones de argentinos que se atienden en el sistema de salud privado y resisten continuas subas tarifarias y abusos en los planes. Además, de acuerdo a un informe de Claves Información Competitiva, en 2009 cinco empresas (Galeno, Swiss Medical, Medicus, Omint y OSDE) controlaban el 75% de la facturación total del sector. El aumento del 15% en las tarifas que el sector aplicó entre diciembre de 2010 y enero de 2011 fue la cuarta suba en los planes en menos de un año: en diciembre de 2009, las tarifas se incrementaron un 12%; en abril de 2010, subieron un 8%; y luego, un 15% en agosto. La ley de prepagas obtuvo una media sanción en forma unánime y tiempo récord en Diputados en el año 2008, luego estuvo dos años congelada en los cajones del Senado por el fuerte lobby de las empresas, y recién en noviembre de 2010 la Cámara Alta le dio la otra media sanción.
Sin embargo, como el Senado introdujo cambios al proyecto original, la norma volvió a la Cámara Baja para la sanción definitiva. Curiosamente, para el vicepresidente de la Comisión de Salud, todo ese tiempo transcurrido no fue suficiente: “Los asesores de la comisión no llegaron a concluir el análisis del proyecto para recomendar aceptar o rechazar las modificaciones que le hizo al proyecto el Senado”, apuntó Portela.
La presidencia quedó a cargo de Portela porque Morante se ausentó excusado en la gira de campaña que hace en el Chaco, su provincia natal, donde se candidatea a intendente de Roque Sáenz Peña, el segundo distrito más poblado de la provincia.
En este contexto, y a pesar de que el viaje había sido anunciado con una semana de antelación, un grupo de asociaciones de consumidores dejaron en claro ayer que Morante también es responsable directo de la demora en la reunión, para lo cual elaboran una nota que enviarán a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, para que ayude a que la ley salga rápido. “Confiamos en que Cristina va a entender nuestro pedido, y va a ser un respaldo importante, porque los diputados parece que estuvieran, más que pensando en la gente, atendiendo los requerimientos de las empresas”, dijo a Tiempo Pedro Busetti, titular de Deuco.
Mañana se armará el texto de la carta, y el viernes estará llegando al despacho de la presidenta.
En este contexto, Adela Segarra, diputada del Frente para la Victoria y miembro de la Comisión de Salud, explicó a este diario que “nuestra idea fue votarla tal como está para no perder más tiempo”, por lo cual “queremos que la ley salga cuanto antes”. De todas maneras, no es la primera vez que legisladores vinculados al radicalismo generan trabas para aprobar la ley. El año pasado, el titular de la Comisión de Salud del Senado, José Cano, de la UCR Tucumán, saltó a la fama cuando les pidió a sus asesores que modifiquen dos artículos de fondo en la ley, permitiendo que las empresas de medicina privada discriminen a pacientes con enfermedades preexistentes y aumenten libremente la tarifa a jubilados.
Tiempo Argentino
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