“El Estado brasileño tiene que rescatar su dignidad en relación con los muertos y los desaparecidos, pero como dijo Dilma no se trata de revanchismo”, expresó Rosario. Brasil es el único país sudamericano en el que, después de la retirada del poder plantificada por los dictadores –que incluyó la sanción de una ley de amnistía en 1979– nunca se juzgó a ningún responsable de los crímenes de lesa humanidad. Aunque sólo se manejan datos parciales, se estima que durante los 21 años de régimen militar fueron asesinadas, muertas en la tortura o desaparecidas al menos 400 personas.
La cuestionada ley por la cual los dictadores se autoamnistiaron fue ratificada el año pasado por el Supremo Tribunal Federal, ocasión en la que el gobierno de Lula entendió que la amnistía fue total e irrestricta, contra lo dictaminado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La norma de 1979 dio lugar a un lento proceso de reinstitucionalización que comenzó con el retorno de miles de exiliados y, seis años después, en 1984, con la integración de un Congreso surgido de una elección en la que, por proscripción, no pudieron participar los líderes de la oposición.
Ayer, Rosario convocó a todas las instancias del Estado a cumplir con todos los compromisos internacionales asumidos en materia de Derechos Humanos. La ministra aludió al fallo de la CIDH sobre los desaparecidos de la guerrilla de Araguaia, que en los años setenta del siglo pasado combatió a la dictadura desde sus bases instaladas en la selva amazónica.
“La CIDH definió que el Estado brasileño tiene una deuda histórica con los desaparecidos en Araguaia”, recordó. Rosario exhortó al Congreso a darle rápido curso a la integración de la Comisión de la Verdad. En el nuevo legislativo, Rousseff cuenta con una cómoda mayoría. “La creación de la Comisión no implica una actitud de revancha, lo hacemos con la convicción de que, actualmente, ninguna institución es contraria a la democracia”, sostuvo. “Las Fuerzas Armadas son parte de la consolidación democrática”, agregó. La escuchó atentamente el ministro de Defensa, Nelson Jobim, quien también se desempeñó en la misma cartera durante el último mandato de Lula.
En diciembre de 2009, la cúpula militar había amenazado con renunciar si el gobierno impulsaba un proyecto que pudiera desembocar en la apertura de investigaciones de las violaciones a los Derechos Humanos. Entonces, Jobim respaldó a los mandos. El proyecto de ley que crea la Comisión de la Verdad había sido enviado al Congreso por Lula, en mayo de 2010, con el objetivo de “promover la reconciliación, aclarar los casos de torturas, muertes y desapariciones, ocultamiento de cadáveres y su autoría, incluso los ocurridos en el exterior”. Jobim dijo ahora que no se opone a la creación de la comisión. En un cambio de su vieja posición, el ministro de Defensa dijo ayer que “todos estamos trabajando para dar vuelta la página de esa historia”.
Tiempo Argentino
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